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Resumen ejecutivo
El Perú se encuentra entre los países más ricos del mundo en recursos minerales. Esta condición ha impulsado una expansión sostenida de concesiones mineras durante las últimas décadas. Al cierre de 2025 se registraban 1.197 concesiones mineras activas, de las cuales 430 estaban en etapa de exploración y 767 en explotación, cubriendo aproximadamente 1.97 millones de hectáreas. Si se consideran todas las concesiones otorgadas —incluidas aquellas aún no explotadas— el área concesionada alcanza casi 19.9 millones de hectáreas, equivalente a aproximadamente el 15.5 % del territorio nacional.
La magnitud territorial de estas concesiones revela que la actividad minera no es un fenómeno localizado, sino un proceso con impacto potencial en amplias regiones del país. La minería moderna no solo implica la extracción de minerales del subsuelo. También requiere grandes volúmenes de agua para procesos de molienda, flotación, transporte de relaves y control de polvo, lo que genera presión sobre cuencas hidrográficas que ya abastecen a poblaciones, agricultura y ecosistemas.
A ello se suman los riesgos de contaminación asociados a relaves mineros, drenaje ácido de rocas, metales pesados y sustancias químicas utilizadas en el procesamiento mineral. Cuando estos contaminantes ingresan a ríos, lagunas o acuíferos, pueden afectar la calidad del agua durante décadas o incluso siglos. Los impactos potenciales incluyen pérdida de biodiversidad, afectación a la seguridad alimentaria y riesgos para la salud humana.
Dado que gran parte de las cabeceras de cuenca del país se encuentran en zonas con potencial minero, el desafío central no se limita a la actividad extractiva en sí misma, sino a la gestión del agua y la protección de los ecosistemas que sostienen la vida y la economía del país. En este contexto, el debate sobre las concesiones mineras debe considerar no solo su aporte económico, sino también los costos ambientales, sociales y territoriales que pueden comprometer el futuro hídrico y ecológico del Perú.
En síntesis, la extensión de las concesiones mineras y la intensidad del uso de agua y químicos en los procesos extractivos plantean un reto estratégico para el país: garantizar que el aprovechamiento de los recursos naturales no ponga en riesgo los sistemas de agua, la salud de las poblaciones y la integridad de los ecosistemas de los que dependen todos los peruanos.
En el Perú, cerca de 19.9 millones de hectáreas del territorio nacional están concesionadas a la actividad minera. Esto equivale aproximadamente al 15.5 % del país.
Para entender la dimensión real de esta cifra, imaginemos lo siguiente: es como si desapareciera completamente un departamento entero del Perú y su territorio quedara destinado a concesiones extractivas. La superficie concesionada es comparable —e incluso mayor— que la extensión de regiones completas como Cajamarca, Huánuco o Puno.
Esto significa que enormes áreas del territorio nacional están sujetas a actividades de exploración o explotación minera. Y el impacto potencial no se limita a la extracción del mineral: también involucra uso intensivo de agua, generación de relaves, riesgo de contaminación de suelos y cuencas, y presión sobre ecosistemas y comunidades.
El debate no es solo económico. Se trata de territorio, agua y futuro ambiental para todo el país.
Dato clave:
19.9 millones de hectáreas concesionadas
≈ 15.5 % del territorio del Perú
(CooperAcción, 2025)
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