La evidencia acumulada entre 2004 y 2025 demuestra la existencia de una crisis hídrica estructural en Cajamarca, caracterizada por la degradación sostenida de la calidad del agua en múltiples cuencas vinculadas a la actividad minera, particularmente en el área de influencia de la unidad minera Yanacocha.
Diversas fuentes —estatales, comunitarias, internacionales y técnicas— coinciden en que:
existen cuerpos de agua no aptos para consumo humano
se han detectado metales pesados y contaminantes químicos
la población está expuesta a riesgos sanitarios continuos
(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental [OEFA], 2022; Comités de Vigilancia, 2025; Naciones Unidas, 2022).
El Estado peruano, a través del OEFA, identificó:
incumplimientos de estándares de calidad ambiental en agua superficial y subterránea
presencia de metales como plomo (Pb), cadmio (Cd), hierro (Fe) y manganeso (Mn)
concentraciones elevadas de sulfatos y alteraciones de pH
Asimismo, múltiples puntos evaluados fueron clasificados bajo Categoría 3 del ECA, lo que implica:
👉 agua no apta para consumo humano directo
(OEFA, 2022)
Los sistemas de vigilancia ambiental comunitaria reportan:
ríos que no cumplen estándares de potabilidad
presencia de metales pesados
deterioro biológico de ecosistemas acuáticos
lo que evidencia una afectación sostenida de la calidad hídrica y del equilibrio ecológico
(Comités de Vigilancia, 2025)
El Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable señaló que:
aproximadamente el 70% de la población de Cajamarca consume agua previamente utilizada por actividad minera
existen dificultades para acceder a análisis independientes sobre contaminantes
(Naciones Unidas, 2022)
Desde el inicio de los procesos de monitoreo independiente se identificó:
preocupación prioritaria por la calidad y cantidad del agua
influencia potencial de la actividad minera en múltiples cuencas
(Atkins et al., 2005)
Autoridades regionales han reportado:
presencia de sulfatos por encima de límites permisibles
consumo de agua no potable en zonas rurales
deficiencias en la fiscalización de ciertos parámetros
(Franco Reyna, 2025)
La convergencia de evidencia permite clasificar la situación como:
Debido a:
persistencia del problema por más de dos décadas
presencia simultánea de contaminantes químicos y biológicos
afectación de aguas superficiales y subterráneas
exposición directa de la población
impacto en ecosistemas y seguridad hídrica
(OEFA, 2022; Naciones Unidas, 2022).
La evidencia sugiere que las operaciones mineras:
generan efluentes con presencia de metales y compuestos químicos
ejercen presión sobre cabeceras de cuenca
contribuyen a la degradación de la calidad del agua
Esto podría configurar:
contaminación ambiental
afectación a recursos hídricos
riesgo a la salud pública
Se identifican fallas en:
fiscalización ambiental (parámetros no controlados como sulfatos)
garantía de acceso a agua potable
control efectivo de la calidad del agua
Esto podría constituir:
incumplimiento del deber de protección ambiental
vulneración del derecho humano al agua
omisión en la protección de la salud pública
La situación descrita es compatible con la vulneración de:
derecho humano al agua potable
derecho a la salud
derecho a un ambiente sano
(Naciones Unidas, 2022)
La evidencia disponible demuestra que:
Existe una degradación sostenida de la calidad del agua en Cajamarca.
La contaminación incluye metales pesados y compuestos químicos asociados a actividad extractiva.
La población consume agua con riesgos sanitarios documentados.
El problema es estructural, persistente y de gran escala.
Existen indicios de responsabilidad concurrente entre empresa y Estado.
Atkins, D., Calderón, C., Montoya, E., & Morales, E. (2005). Evaluación de la calidad del agua en Cajamarca, Perú. Compliance Advisor/Ombudsman (CAO).
Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario. (2025). Informe de monitoreo de la calidad del agua en Cajamarca 2021–2024.
Franco Reyna, Á. (2025). Cajamarca: denuncian que agua potable no es apta para el consumo.
Naciones Unidas. (2022). Perú: Vertidos tóxicos amenazan la salud de millones y el derecho al agua potable.
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). (2022). Reporte N.° 00023-2022-OEFA/DEAM-STEC.