RESUMEN EJECUTIVO

El agua del Perú ya tiene dueño, y lo decidieron nuestras autoridades: las empresas mineras

Yolanda Victoria Rojas Espinoza Investigadora independiente — QNM® — ORCID 0009-0002-9012-1393 Trujillo, La Libertad, Perú — Marzo de 2026

El presente informe demuestra, con fuentes primarias exclusivamente oficiales, que la crisis hídrica que el Estado peruano declaró en 2023 y 2024 no es consecuencia únicamente del cambio climático ni de la sequía. Es, en parte sustancial, el resultado de decisiones administrativas adoptadas por la propia Autoridad Nacional del Agua (ANA) durante más de cuatro décadas, mediante las cuales el control efectivo sobre las principales fuentes de agua del país fue transferido al sector minero privado de capital mayoritariamente extranjero.

Entre mayo y diciembre de 2023, el Ejecutivo declaró en estado de emergencia por déficit hídrico a 544 distritos de 14 regiones del Perú. Esas mismas regiones —Áncash, Apurímac, Cajamarca, Tacna, Cusco, Junín y Pasco— son las que concentran los mayores derechos de uso de agua otorgados a empresas mineras según la base de datos oficial de la ANA. La superposición no es accidental. Es estructural.

Los datos más relevantes del informe son los siguientes.

La ANA otorgó a Minera Yanacocha S.R.L. —empresa de capital mayoritariamente estadounidense— al menos doce instrumentos administrativos de derechos de uso de agua en el departamento de Cajamarca, cubriendo manantiales de cabecera de cuenca, aguas subterráneas de tajo profundo y escorrentía superficial estacional. Solo dos de esas licencias suman 29,754,216 m³/año: casi 30 mil millones de litros anuales de agua cajamarquina formalmente entregados a una sola empresa.

Compañía Minera Antamina S.A. opera en la provincia de Huari, Áncash —declarada en emergencia hídrica en septiembre de 2023— con el mayor derecho de uso de agua minero del país: 33,291,220 m³/año sobre la cuenca Marañón.

Southern Peru Copper Corporation acumula sobre el Acuífero Huaitire-Gentilar en Candarave, Tacna, más de 26 millones de m³/año de derechos de extracción, otorgados desde 1983. Cuarenta años después, el Estado declara en emergencia hídrica a los 300,000 habitantes de la ciudad de Tacna que dependen de ese mismo sistema.

Empresa Minera Las Bambas S.A. —de capital 100% chino— opera con 23,501,664 m³/año en Cotabambas, Apurímac, la misma provincia declarada en emergencia hídrica y sede de los conflictos sociales más violentos del país en la última década.

La brecha entre el pasivo ambiental que Newmont Corporation declaró ante el Estado peruano —US$ 346 millones en 2009— y el que declaró ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos —US$ 4,546 millones en 2025— asciende a US$ 4,290 millones. Esta diferencia demuestra que el Estado aprobó instrumentos ambientales y derechos hídricos calculados sobre una fracción del daño real que la operación generaría.

El Tribunal Constitucional del Perú, en su Sentencia N.° 343/2020, fue terminante: no resulta admisible que el Estado sostenga una política pública que favorezca y privilegie, per se, la actividad extractiva frente a la protección de derechos constitucionales. La cadena de resoluciones administrativas analizada en este informe contradice directamente ese mandato, así como el artículo 7-A de la Constitución, que garantiza la prioridad del consumo humano sobre cualquier otro uso del agua.

En octubre de 2025, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, declaró públicamente que la minería tiene prioridad sobre el uso del agua. Lo que ese funcionario verbalizó es lo que las resoluciones directoras de la ANA han ejecutado en silencio desde al menos 1983.

El informe concluye con tres imperativos de política pública sostenidos en la evidencia: transparencia hídrica irrestricta sobre todos los derechos de agua otorgados por la ANA, coherencia material entre los actos del Estado como otorgante de derechos y como garante del derecho al agua, y restitución —no asistencia— a las poblaciones afectadas por decisiones administrativas que nunca fueron sometidas a debate público ni a referéndum hídrico de ningún tipo.

El Perú no padece escasez hídrica natural. Padece una escasez hídrica administrada. El agua de este país ya tiene dueño. Recuperarla para la Nación es la tarea pendiente.

Para acceder al informe completo con todas las fuentes primarias, los bloques de análisis y la bibliografía final en formato APA, visita el blog QNM en [enlace a tu entrada del blog].

Rojas Espinoza, Y. V. (2026, marzo). El agua del Perú ya tiene dueño, y lo decidieron nuestras autoridades: las empresas mineras. QNM – Que Nos Mantengan con lo Nuestro®. INDECOPI N.° 00174793.