Durante la década de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori difundió ampliamente la idea de que el Estado peruano construía “un colegio por día” como parte de su política de modernización educativa. Esta frase se convirtió en uno de los mensajes políticos más repetidos del período, reforzando la imagen de un gobierno activo en la expansión de la infraestructura escolar.
Sin embargo, al analizar los datos reales de infraestructura educativa, la estructura territorial del país y la forma en que se ejecutaron las obras públicas, se observa que esta afirmación funcionó principalmente como un eslogan político simplificador, más que como una descripción literal de la política educativa del período.
Para comprender la magnitud del sistema educativo en el Perú es necesario considerar la distribución territorial de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el país cuenta con aproximadamente 98,000 centros poblados, que incluyen ciudades, pueblos, caseríos, comunidades rurales y asentamientos humanos (INEI, 2018).
Asimismo, el territorio nacional está dividido administrativamente en 1,874 distritos, cada uno con necesidades educativas propias. En zonas rurales y amazónicas, donde la población se encuentra dispersa, es frecuente que cada comunidad requiera su propia escuela para garantizar el acceso a la educación básica (INEI, 2018).
En este contexto, el sistema educativo peruano requiere decenas de miles de instituciones educativas para atender a la población escolar. De hecho, el propio Ministerio de Educación registra más de 55,000 instituciones educativas públicas y privadas en funcionamiento en el país (Ministerio de Educación, 2023).
Durante el gobierno de Fujimori, una parte importante de la infraestructura educativa fue ejecutada por el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES), organismo encargado de diseñar y construir locales escolares a nivel nacional.
Diversos estudios sobre infraestructura pública señalan que entre mediados de los años noventa se construyeron aproximadamente 1,500 centros educativos y alrededor de 13,000 aulas, particularmente entre 1995 y 1997, periodo en el que se concentró la mayor inversión en infraestructura escolar (Observatorio de Gobernanza USMP, 2024).
Otras estimaciones amplían el número de proyectos educativos ejecutados durante toda la década a cerca de 3,000 obras de infraestructura escolar, incluyendo ampliaciones, reconstrucciones y nuevos locales educativos (Schiroque, 2011).
Si se compara esta cifra con la magnitud del territorio nacional, resulta evidente que el número de colegios construidos durante ese período no podía cubrir la totalidad de la demanda educativa del país, que incluye decenas de miles de centros poblados y miles de comunidades rurales.
El lema político “un colegio por día” se originó en la manera en que se presentaban las cifras de infraestructura pública. Si se distribuye el número total de obras educativas realizadas durante varios años de gobierno entre los días del período, el promedio estadístico puede aproximarse a una obra diaria.
Sin embargo, este cálculo no refleja el proceso real de construcción de infraestructura pública. Las escuelas requieren meses de planificación, licitación, financiamiento y ejecución. Por lo tanto, las obras se construyen de manera simultánea en distintas regiones, y posteriormente son inauguradas en diferentes momentos.
En ese sentido, la expresión “un colegio por día” funcionó principalmente como una estrategia de comunicación política destinada a simplificar una política pública compleja.
Otro elemento importante en la evaluación de la infraestructura educativa es que las obras públicas suelen extenderse a lo largo de varios años. En muchos casos, los proyectos inaugurados durante un gobierno pueden haber sido diseñados o iniciados en administraciones anteriores.
Esto ocurre con frecuencia en proyectos de infraestructura educativa, que pueden requerir procesos prolongados de planificación, financiamiento y ejecución. Por ello, la expansión de la infraestructura escolar durante la década de 1990 debe entenderse como parte de un proceso acumulativo de políticas públicas que trascienden a un solo gobierno.
Diversos análisis posteriores también señalaron problemas relacionados con los diseños utilizados en algunos proyectos de infraestructura educativa. En varios casos se aplicaron modelos arquitectónicos estandarizados en distintas regiones del país, sin considerar plenamente las diferencias climáticas, geográficas o sísmicas del territorio nacional (Schiroque, 2011).
El Perú presenta una diversidad geográfica extrema, que incluye zonas costeras desérticas, regiones andinas de alta montaña con temperaturas bajo cero y áreas amazónicas de clima tropical. En ese contexto, el uso de diseños uniformes generó críticas por parte de especialistas en infraestructura pública, especialmente en regiones altoandinas donde las condiciones climáticas requieren soluciones arquitectónicas específicas.
Investigaciones periodísticas y reportes técnicos también documentaron casos en los que algunas instituciones educativas construidas durante ese período presentaron deficiencias estructurales o grietas pocos años después de su inauguración (El Búho, 2020).
Tras el terremoto del sur del Perú de 1996, varias edificaciones públicas —incluidas algunas escuelas construidas en los años noventa— fueron objeto de inspecciones y refuerzos estructurales debido a daños observados después del sismo.
Estas situaciones fueron atribuidas a factores como la rapidez en la ejecución de obras, la supervisión técnica limitada en algunos proyectos y el uso de diseños estandarizados.
La expansión de infraestructura educativa durante la década de 1990 produjo miles de nuevas aulas y centros educativos en el Perú. Sin embargo, el lema político “un colegio por día” debe interpretarse principalmente como un recurso comunicacional que simplificaba una realidad mucho más compleja.
Cuando se analizan los datos en perspectiva —la existencia de cerca de 98,000 centros poblados, las necesidades educativas del país, los tiempos reales de construcción de obras públicas y las críticas técnicas a algunos proyectos— queda claro que la infraestructura educativa es el resultado de procesos acumulativos de políticas públicas y no de una sola administración.
En un país con una geografía extensa y una población dispersa, cerrar las brechas educativas requiere políticas sostenidas durante décadas, más allá de eslóganes políticos o narrativas de campaña.
El Búho. (2020). Las fracturas de la improvisación: construcción deficiente de colegios en Arequipa.
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Ministerio de Educación del Perú. (2023). Estadísticas del sistema educativo peruano.
Observatorio de Gobernanza USMP. (2024). Infraestructura educativa durante el gobierno de Fujimori. Universidad de San Martín de Porres.
Schiroque, J. (2011). El grupo Fujimori y la educación peruana 1990-2000.