A comienzos de la década de 1990, el Estado peruano poseía aproximadamente 223 empresas públicas, de las cuales cerca de 150 se encontraban operativas, mientras el resto estaba en proceso de liquidación o quiebra. En conjunto, estas empresas representaban alrededor del 15 % del Producto Bruto Interno (PBI) y generaban aproximadamente 114 000 empleos directos (Ruiz Caro, 2002).
El proceso de privatización fue conducido principalmente por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), creada en 1991 con el objetivo de diseñar y ejecutar la transferencia de activos estatales al sector privado. Este programa se desarrolló en el marco de las reformas estructurales aplicadas tras la crisis económica e hiperinflacionaria de finales de los años ochenta (Paliza, 1999).
En comparación con otros países latinoamericanos, el proceso peruano se caracterizó por su amplitud sectorial, rapidez de ejecución y elevada concentración de operaciones durante un período relativamente corto (Ruiz Caro, 2002).
La literatura especializada identifica cuatro etapas principales en el proceso de privatización:
Saneamiento financiero y reestructuración empresarial (1990–1991), orientada a reducir pasivos y preparar las empresas para su transferencia.
Etapa intensiva de privatización (1992–1996), en la cual se realizaron las transacciones más importantes.
Desaceleración del proceso (1997–2001), caracterizada por una reducción significativa en el número de operaciones.
Etapa de debate político e institucional sobre la continuidad del programa (Ruiz Caro, 2002).
Entre 1991 y 2000, el Estado peruano privatizó aproximadamente 192 empresas estatales, generando ingresos por US$ 7 990 millones y compromisos de inversión por cerca de US$ 8 000 millones adicionales (Paliza, 1999).
Otros recuentos periodísticos sitúan el número de operaciones entre 1991 y 1998 en más de 180 privatizaciones, con ingresos cercanos a US$ 7 720 millones (El Comercio, 2024).
De acuerdo con evaluaciones académicas basadas en información oficial, hasta 1998 el valor acumulado de las transacciones alcanzaba US$ 5 101 millones, equivalente al 61 % del total del proceso, que finalmente se estimó en US$ 8 385 millones, con US$ 1 980 millones en inversiones comprometidas adicionales (Castillo Maza, 2002).
Algunas fuentes periodísticas atribuyen US$ 7 200 millones al período 1992–1996. Sin embargo, esta cifra no aparece confirmada en las fuentes técnicas primarias.
El Documento de Trabajo N.° 07-1999 del Banco Central de Reserva del Perú muestra que:
el total acumulado del proceso hacia 1998 fue de US$ 8 385 millones,
mientras que el total hacia 2000 alcanzó US$ 7 990 millones en ingresos directos (Paliza, 1999).
Por lo tanto, la cifra de US$ 7 200 millones exclusivamente para 1992–1996 resulta metodológicamente sobreestimada.
La privatización del sector telecomunicaciones fue una de las operaciones más relevantes del proceso. En 1994, el Estado peruano vendió mediante licitación internacional el 35 % de las acciones comunes de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y de ENTEL Perú, porcentaje suficiente para otorgar control corporativo al comprador tras la fusión de ambas empresas (Torero & Pascó-Font, 2000).
El proceso fue adjudicado a Telefónica de España, que ofreció US$ 2 002 millones, casi cuatro veces el precio base fijado en US$ 546 millones (Torero & Pascó-Font, 2000).
En el sector eléctrico se privatizaron tanto empresas generadoras como distribuidoras. La empresa Edegel fue transferida mediante la venta del 70 % de sus acciones por aproximadamente US$ 600 millones, iniciándose el proceso en octubre de 1995 con la venta del 60 % del capital. Posteriormente, en noviembre de 1997, los trabajadores adquirieron 8 % de las acciones por aproximadamente US$ 23 millones (Paliza, 1999).
Otras empresas eléctricas privatizadas incluyen:
Edelnor
Edelsur (actual Luz del Sur)
Egenor
Egesur
Egasa
Electro Sur Medio
Hidrandina (Electro Norte Medio)
SEAL
Edecañete
(Ruiz Caro, 2002).
La Refinería La Pampilla, con una capacidad de refinación superior a 100 000 barriles diarios, fue privatizada y adquirida por un consorcio integrado por Pluspetrol Perú Corp. (Argentina), Pedco (Corea) y Daewoo Corporation (Corea) por aproximadamente US$ 142 millones (Paliza, 1999).
Esta refinería abastecía alrededor del 65 % del mercado de combustibles de Lima Metropolitana, equivalente a cerca del 45 % del mercado nacional (Paliza, 1999).
Asimismo, Petromar fue privatizada en 1994 (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 1994).
La privatización minera incluyó activos de gran relevancia estratégica.
Las unidades provenientes de Centromin Perú registraron compromisos de inversión por US$ 123 millones, pero inversiones efectivas posteriores por US$ 2 815 millones. Otras operaciones incluyeron:
Minero Perú: US$ 429 millones comprometidos y US$ 558 millones ejecutados
Tintaya: US$ 85 millones
Hierro Perú: US$ 42 millones comprometidos y US$ 137 millones ejecutados
(Paliza, 1999).
También fueron privatizadas o concesionadas:
Cerro Verde
Cementos Yura
Quellaveco
Refinería de Ilo
Cementos Lima
Cementos Norte Pacasmayo
concesión minera La Granja
(MEF, 1994).
La empresa SiderPerú fue vendida al consorcio Acerco S.A., Wiese Inversiones Financieras y Stanton Funding Company por US$ 186 millones, mientras los trabajadores adquirieron el 3,5 % restante por US$ 2,6 millones (Paliza, 1999).
En el sector transporte se privatizaron o concesionaron:
ENAFER (red ferroviaria)
ENATRU Perú
AeroPerú
Puerto de Matarani
Previo a su transferencia, el Estado asumió diversas deudas empresariales, entre ellas:
AeroPerú: US$ 85 millones
ENAFER: US$ 96 millones
SiderPerú: US$ 19 millones
(Congreso de la República, 2001).
La empresa estatal PESCAPERÚ fue fragmentada y parcialmente privatizada. Antes del proceso, el Estado asumió aproximadamente US$ 21,5 millones de deuda interna de la empresa (Congreso de la República, 2001).
En el sistema financiero se privatizaron o transfirieron:
Banco Continental
Interbank (Interbanc)
participaciones menores en el Banco de la Nación
Asimismo, el Banco Popular del Perú fue liquidado durante el proceso de reforma financiera (MEF, 1994).
Entre las empresas agroindustriales privatizadas se encuentran:
Paramonga
diversas empresas azucareras
EMSAL S.A.
(MEF, 1994; Congreso de la República, 2001).
Diversos estudios sostienen que el programa de privatización actuó como catalizador de la inversión privada durante la década de 1990, particularmente en los sectores de telecomunicaciones, electricidad y minería. Se estima que aproximadamente dos tercios del stock de inversión extranjera directa del período estuvieron vinculados directa o indirectamente a estos procesos (Congreso de la República, 2001).
No obstante, el proceso también tuvo impactos significativos en el empleo público. Aproximadamente 120 000 trabajadores estatales dejaron de laborar en las empresas privatizadas. De ellos, cerca del 64 % se retiró mediante programas de incentivos o liquidaciones previas, mientras que 36 % continuó trabajando en las empresas ya privatizadas (Paliza, 1999).
A nivel social y político, diversas evaluaciones posteriores señalan que la percepción pública del proceso se volvió mayoritariamente negativa, debido a factores como presuntas irregularidades en algunas operaciones, aumentos en tarifas de servicios públicos y limitaciones en la capacidad regulatoria del Estado durante los primeros años del programa (Ruiz Caro, 2002).
Castillo Maza, J. (2002). Evaluación del proceso de privatización de las empresas de servicios públicos 1991–2000. Gestión en el Tercer Milenio, 5(9). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. https://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/evaluacion_proceso.htm
Congreso de la República del Perú. (2001). Balance del proceso de privatización en el Perú, 1990–2000. Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros.
El Comercio. (2024, 12 de septiembre). Alberto Fujimori murió: ¿Qué reformas económicas impulsó el expresidente? https://elcomercio.pe/economia/peru/alberto-fujimori-murio-que-reformas-economicas-impulso-el-expresidente-i-expresidente-del-peru-ultimas-noticia/
Ministerio de Economía y Finanzas. (1994). Ingresos de los recursos de la privatización: Años 1991–1994. https://www.mef.gob.pe/es/tesoro-publico-sp-9932/356-documento-de-privatizacion/1982-ingresos-de-los-recursos-de-la-privatizacion-anos-1991-1994
Paliza, R. (1999). Impacto de las privatizaciones en el Perú. Revista Estudios Económicos, (4), Banco Central de Reserva del Perú.
Paliza, R. (1999). Impacto de las privatizaciones en el Perú (Documento de Trabajo N.º 07-1999). Banco Central de Reserva del Perú.
Ruiz Caro, A. (2002). El proceso de privatizaciones en el Perú durante el período 1991–2002 (Serie Gestión Pública N.º 22). CEPAL.
Torero, M., & Pascó-Font, A. (2000). El impacto social de la privatización y de la regulación de los servicios públicos en el Perú (Documento de Trabajo N.º 35). GRADE.
Torero, M. (2001). Impacto de la privatización sobre el desempeño de las empresas en el Perú (Documento de Trabajo N.º 41). GRADE.