El conglomerado empresarial vinculado a Rafael López Aliaga opera principalmente a través de Perú Holding de Turismo S.A.A. (PHTSAA), empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y que articula diversas unidades de negocio relacionadas con hotelería, transporte ferroviario turístico, inversiones inmobiliarias y servicios financieros.
En 1999 se estableció una alianza estratégica con la cadena internacional Orient-Express Hotels Ltd., empresa británica especializada en hoteles y trenes de lujo. Como resultado de dicha asociación se constituyeron dos empresas operadoras bajo un esquema societario 50/50: Peru Orient Express Hotel S.A., encargada de la operación del Hotel Monasterio del Cusco, y Peru Orient Express Hotel Machu Picchu S.A., responsable de la operación del Sanctuary Lodge en Machu Picchu. Posteriormente, en 2014, Orient-Express Hotels adoptó la denominación corporativa Belmond Ltd., por lo que las empresas operadoras pasaron a denominarse Perú Belmond Hotels S.A. (La República, 2021).
Entre las principales empresas vinculadas al grupo se identifican:
Perú Holding de Turismo S.A.A. (PHTSAA)
Perú Belmond Hotels S.A.
Peruval Corp. S.A. (registrada en Lima y Panamá)
Peruval S.A. Sociedad Agente de Bolsa
Perú Hotel Monasterio S.A.
Perú Hotel Corp.
Perú Hotel Machu Picchu S.A.
Perú Hotel S.A.
Perú Hotel Holding S.A.
Peruval Inmobiliaria
Marsano Palace
Acres Investments S.A.
Estas entidades conforman una red corporativa que combina operaciones turísticas, financieras e inmobiliarias con presencia en distintas jurisdicciones (Infobae, 2024a; La República, 2021).
El 24 de agosto de 1994, la Arquidiócesis del Cusco y la Empresa Nacional de Turismo (ENTUR Perú) suscribieron un contrato de concesión y administración del antiguo Seminario San Antonio Abad del Cusco, inmueble histórico que posteriormente fue convertido en el actual Hotel Monasterio.
La concesión incluyó el uso del edificio histórico y de diversos bienes culturales existentes en su interior, entre ellos pinturas coloniales, esculturas, piezas de fundición y otros objetos patrimoniales pertenecientes al siglo XVII (Valicha, s.f.).
Posteriormente, el 25 de enero de 1995, el empresario Lorenzo Sousa Debarbieri, mediante Perú Hotel S.A., adquirió los derechos de explotación del inmueble por un monto de US$ 4,507,777. En 1997 Rafael López Aliaga se incorporó a la estructura empresarial asociándose con Sousa para conformar Perú Hotel Monasterio S.A. (Valicha, s.f.).
Según el contrato original, el usufructo del inmueble implicaba el pago de US$ 6,000 mensuales al Arzobispado del Cusco. En declaraciones públicas posteriores, López Aliaga sostuvo que los pagos ascenderían a 500 mil (sin especificar moneda ni periodo), cifra que no ha sido verificada documentalmente (Valicha, s.f.).
El inmueble pertenece jurídicamente a la Arquidiócesis del Cusco, entidad de la Iglesia Católica. En virtud del Concordato entre el Estado Peruano y la Santa Sede de 1980 (Decreto Ley N.º 23211), los bienes inmuebles de la Iglesia están exonerados del Impuesto Predial.
Este criterio fue reafirmado por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución N.º 03162-7-2022, la cual establece que la exoneración se aplica independientemente del uso que se otorgue al inmueble. Por tanto, la exoneración beneficia al propietario eclesiástico, mientras que la empresa operadora privada mantiene la obligación de tributar por los ingresos generados por la actividad hotelera (Tribunal Fiscal, 2022).
La empresa concesionaria del Hotel Sanctuary Lodge, ubicado dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu, dejó de cumplir con el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) entre los años 2011 y 2018.
De acuerdo con informes de fiscalización, el Gobierno Regional del Cusco asumió ante la SUNAT el pago de dicha deuda tributaria utilizando recursos públicos por un monto aproximado de US$ 988,756.72, además de intereses y recargos. Esta situación resultó controvertida debido a que el contrato de concesión establecía expresamente que dichas obligaciones correspondían al concesionario privado (La República, 2022).
La Contraloría General de la República identificó diez presuntos responsables en la gestión pública regional y recomendó iniciar procedimientos administrativos, civiles y penales para determinar responsabilidades (Contraloría General de la República, 2021).
Un informe posterior ratificó que el hotel fue beneficiado con omisiones en los mecanismos de control tributario, pues determinados pagos correspondientes a la empresa operadora fueron cubiertos con recursos del Gobierno Regional del Cusco (La República, 2022).
La controversia también involucró la adenda firmada en 2013, mediante la cual se extendió la concesión hasta 2025. Dicho documento fue suscrito por el entonces gobernador regional Jorge Acurio Tito, quien se encontraba judicialmente sentenciado e inhabilitado al momento de la firma. La publicación oficial de su inhabilitación por el Jurado Nacional de Elecciones coincidió con el mismo día en que se realizaron los trámites registrales de la adenda (La República, 2022).
El contrato original establecía que el concesionario debía pagar US$ 10,000 mensuales más el 8% de los ingresos generados por la operación hotelera. Según declaraciones oficiales del Gobierno Regional del Cusco, dichos pagos eran transferidos íntegramente al Ministerio de Economía y Finanzas, sin constituir ingresos directos para el gobierno regional (La República, 2022).
Finalmente, en 2025 el Gobierno Regional del Cusco dio por concluida la concesión del Sanctuary Lodge y recuperó la propiedad del inmueble con el propósito de transformarlo en un centro de interpretación dedicado al patrimonio de Machu Picchu (Infobae, 2024b).
Según el Registro de Omisos y Deuda Tributaria Exigible de la SUNAT, las empresas vinculadas a Rafael López Aliaga acumularon S/ 33,091,914 en deudas tributarias en proceso de cobranza coactiva (La República, 2021).
La distribución aproximada de dichas obligaciones es la siguiente:
Peruval Corp. S.A.: S/ 18,7 millones (68,1% del total).
Perú Hotel Holding S.A.: S/ 1,975,458.
Perú Hotel S.A.: S/ 83,910.
Perú Hotel Monasterio S.A.: S/ 4,955,270.
Perú Hotel Machu Picchu S.A.: S/ 22,784.
Peruval S.A. Sociedad Agente de Bolsa: S/ 982,726 (Infobae, 2024a).
La empresa Perú Hotel Monasterio S.A. fue declarada “no habida” en julio de 2007 tras verificarse que no operaba en la dirección registrada ante la SUNAT. En la práctica tributaria peruana, esta situación suele dificultar la notificación de actos administrativos de cobranza (La República, 2021).
Entre las empresas que registran baja de oficio en los registros administrativos se encuentran:
Acres Investments S.A. (desde 2024)
Perú Hotel Aguas Calientes S.A. (desde 2006)
Perú Hotel Corp. (desde 2024)
Perú Hotel Holding S.A. (desde 2023)
Perú Hotel y Servicios S.A. (desde 2023)
Peruvian Trains & Railways
Peruval Corp. S.A. (desde 2014) (La República, 2021).
En declaraciones públicas, López Aliaga sostuvo que las deudas se originaron por un problema de notificaciones y acumulación de intereses a lo largo del tiempo (La República, 2021).
En 2020, organizaciones vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana transfirieron parte de sus activos a un fideicomiso administrado por Acres Sociedad Titulizadora, empresa asociada anteriormente a Rafael López Aliaga.
La operación incluyó 36 inmuebles, entre ellos nueve cementerios bajo la marca “Parque del Recuerdo” y otras 27 propiedades ubicadas en Lima. La transferencia fue formalizada el 6 de marzo de 2020 mediante escritura pública (Infobae, 2024b).
Según la documentación corporativa, el objetivo declarado de la operación fue utilizar dichos activos como garantía para la emisión de valores mobiliarios destinados al desarrollo de camposantos y a procesos de reestructuración financiera (Infobae, 2024b; El Foco, 2024).
La estructura empresarial del Sodalicio incluía a Inversiones San José S.A.C., considerada la principal empresa del grupo. Desde 2016, Acres Investments emitió bonos por aproximadamente US$ 3,65 millones en favor de dicha entidad (La República, 2025).
Investigaciones periodísticas y fiscales también señalaron la existencia de empresas offshore vinculadas a la organización, algunas de ellas registradas en los Estados Unidos bajo estructuras jurídicas mixtas de naturaleza civil y canónica (El Comercio, 2024).
En enero de 2025, el papa Francisco ordenó la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana tras más de dos décadas de denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Como parte de este proceso se expulsó a Luis Fernando Figari y a otros miembros de la cúpula de la organización, y se designó un comisario apostólico para supervisar la liquidación institucional (El Comercio, 2025).
Contraloría General de la República. (2021). Informe N.º 36-2021-CG. Lima.
El Foco. (2024, junio). Asociación del Sodalicio transfiere 36 inmuebles a empresa fundada por Rafael López Aliaga. https://elfoco.pe/2024/06/contrapoder/asociacion-del-sodalicio-transfiere-36-inmuebles
Infobae Perú. (2024a, 28 de mayo). Rafael López Aliaga en el ojo de Sunat: su empresa debe S/ 18,7 millones, pero cotiza en la BVL. https://www.infobae.com/peru/2024/05/28
Infobae Perú. (2024b, 27 de junio). Rafael López Aliaga: Asociación del Sodalicio transfirió 36 inmuebles a empresa fundada por el alcalde de Lima. https://www.infobae.com/peru/2024/06/27
La República. (2021, 31 de marzo). Deuda coactiva de Rafael López Aliaga con la Sunat sube a S/ 33 millones. https://larepublica.pe/politica/2021/03/31
La República. (2022, 14 de julio). Gobierno Regional de Cusco pagó impuestos de hotel Sanctuary Lodge. https://larepublica.pe/politica/2022/07/14
La República. (2022, 29 de enero). Cusco: adenda a favor de empresa de Rafael López Aliaga plagada de vicios. https://larepublica.pe/sociedad/2022/01/29
La República. (2025, 8 de febrero). Rafael López Aliaga y su estrecha relación con el Sodalicio y el Opus Dei. https://larepublica.pe/politica/2025/02/08
Tribunal Fiscal. (2022). Resolución N.º 03162-7-2022. Ministerio de Economía y Finanzas.