El Perú presenta uno de los fenómenos económicos más paradójicos de América Latina contemporánea: un Estado con indicadores macroeconómicos de primer nivel coexiste con una población en la que casi tres de cada diez ciudadanos viven en condición de pobreza. Esta investigación analiza la estructura del financiamiento estatal peruano, la distribución de sus recursos y las hipótesis explicativas sobre por qué la solidez fiscal no se traduce en bienestar ciudadano, articulando los datos presupuestarios del año 2026 con el análisis de especialistas en economía del desarrollo.
La pregunta central que guía este trabajo es: ¿por qué un Estado con reservas internacionales de 94,000 millones de dólares, una inflación del 1.5% y una deuda pública del 32% del PBI no logra reducir significativamente la pobreza de su población?
La literatura sobre desarrollo económico ha identificado el fenómeno denominado "trampa del ingreso medio" (middle-income trap), descrito por Gill y Kharas (2007), como una condición en la que economías emergentes logran estabilidad macroeconómica pero no consiguen transformar ese crecimiento en mejoras distributivas sostenidas. Este marco resulta particularmente pertinente para el caso peruano.
Complementariamente, la teoría del Estado extractivo, desarrollada en la obra de Acemoglu y Robinson (2012), postula que las instituciones políticas pueden configurarse de modo que la recaudación tributaria beneficie a élites antes que a la ciudadanía en general. En este esquema, la estabilidad macroeconómica puede mantenerse indefinidamente sin que implique justicia distributiva.
Un elemento central en el análisis es la estructura tributaria. Musgrave y Musgrave (1992) distinguen entre impuestos progresivos —que gravan proporcionalmente más a quienes más tienen— e impuestos regresivos —que recaen de manera desproporcionada sobre los sectores de menor ingreso—. El Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) son, por definición, impuestos sobre el consumo y exhiben características regresivas, dado que los hogares pobres destinan una proporción mayor de su ingreso al consumo básico.
El presupuesto nacional para el año fiscal 2026 asciende a S/ 257,561 millones, constituyendo un récord histórico en términos nominales. La fuente de financiamiento predominante son los Recursos Ordinarios (RROO), que representan el 66.5% del total, equivalente a S/ 171,239 millones.
Dentro de esta categoría, el 94.5% proviene estrictamente de impuestos y contribuciones obligatorias. La composición interna de estos ingresos tributarios revela una estructura significativa: el 51.1% corresponde al Impuesto a la Producción y Consumo —integrado por el IGV y el ISC— mientras que el 42.5% proviene del Impuesto a la Renta.
Este dato es estructuralmente relevante: más de la mitad del financiamiento ordinario del Estado peruano descansa sobre impuestos al consumo, es decir, sobre transacciones que realizan todos los ciudadanos independientemente de su nivel de ingreso, incluidos quienes viven en condición de pobreza.
El economista Carlos Parodi ha señalado que el crecimiento económico genera ingresos para el Estado precisamente a través del cumplimiento tributario de los contribuyentes. Esta afirmación conecta directamente la fortaleza fiscal con el esfuerzo cotidiano de la población.
Los indicadores resultantes de esta gestión son notables en el contexto regional:
Reservas internacionales: 94,000 millones de dólares depositados en instituciones con calificación AAA, proporcionalmente el doble de las reservas de Chile en relación al tamaño de su economía.
Inflación: 1.5%, comparable a la de Suiza o Suecia.
Moneda: El sol peruano figura entre las cuatro monedas más sólidas del mundo, con una revaluación del 4% frente al dólar en los últimos 26 años.
Deuda pública: 32% del PBI, la más baja de América Latina.
Calificación crediticia: Perú mantiene grado de inversión, siendo uno de solo cuatro países de la región —junto a Chile, México y Panamá— con recomendación oficial para capitales extranjeros.
La estabilidad descrita no es casual. Existe un mandato de equilibrio presupuestario que obliga al Estado a no comprometer gastos que superen la recaudación proyectada. Esta regla fiscal ha sido identificada como uno de los pilares institucionales que explican la confianza de los mercados internacionales en la economía peruana, incluso en contextos de alta inestabilidad política.
Los datos disponibles configuran un cuadro social de grave magnitud. Aproximadamente 9.8 millones de peruanos —el 29% de la población— se encuentran en situación de pobreza. Solo en el año 2023, más de 628,000 personas cayeron en esta condición, evidenciando que el deterioro no es estático sino dinámico y creciente.
En el extremo más crítico, cerca de 2 millones de personas viven en pobreza extrema, subsistiendo con menos de S/ 251 mensuales. La inseguridad alimentaria afecta a 6 de cada 10 peruanos, lo que sitúa al país en una condición de vulnerabilidad nutricional de alcance masivo.
Un 31% adicional de la población se clasifica como "vulnerable", es decir, personas que, sin ser pobres en el momento de la medición, carecen de suficiente colchón económico para absorber choques externos sin caer en la pobreza. Sumando pobres y vulnerables, el 60% de los peruanos se encuentra en una situación de precariedad económica estructural o coyuntural.
Un fenómeno particularmente relevante es el desplazamiento geográfico de la pobreza. Desde el año 2013, el número de pobres urbanos superó al de pobres rurales, invirtiendo la tendencia histórica. Lima Metropolitana y el Callao concentran actualmente un tercio de la pobreza nacional, y la pobreza en esta zona se ha triplicado desde 2016.
Esta urbanización tiene implicancias directas para la política pública: los instrumentos de focalización rural resultan insuficientes cuando la mayoría de los pobres habita en contextos urbanos con necesidades específicas de vivienda, transporte, empleo formal y servicios.
Quizás el indicador más preocupante desde la perspectiva del desarrollo humano de largo plazo es que el 43% de los niños de entre 0 y 6 años se encuentra en situación de pobreza. La evidencia científica en neurociencias del desarrollo —sistematizada por autores como Shonkoff y Phillips (2000)— establece que la desnutrición y la privación en los primeros años de vida genera daños cognitivos y emocionales de carácter permanente e irreversible. La pobreza infantil no es, por tanto, un problema coyuntural: es una hipoteca sobre el capital humano futuro del país.
La clase media, que había sido uno de los logros más citados del modelo de crecimiento peruano de la primera década del siglo XXI, también ha sufrido un retroceso significativo: pasó de representar el 46% de la población al 39% en apenas cuatro años. Este dato sugiere que el deterioro social no afecta únicamente a los sectores históricamente excluidos, sino que está erosionando también los avances previos de los sectores medios.
El economista Carlos Parodi ha señalado que el Perú requiere crecer por encima del 4% sostenido para poder reducir la pobreza y generar empleo de manera significativa. Sin embargo, la economía peruana se ha estancado en tasas que oscilan entre el 1.3% y el 3%, niveles insuficientes para absorber el crecimiento de la fuerza laboral y mejorar los indicadores sociales.
Este estancamiento configura lo que puede denominarse una "trampa de crecimiento": el país crece lo suficiente para mantener la estabilidad macroeconómica y cumplir con sus obligaciones financieras internacionales, pero no lo necesario para que el bienestar se distribuya hacia los sectores más vulnerables.
El economista Ramiro Málaga ha formulado una hipótesis que resulta central para entender la brecha: "hay dinero para hacer las cosas... lo que no hay es voluntad política". Esta afirmación desplaza el análisis desde la escasez de recursos hacia la lógica de la asignación presupuestaria.
Un ejemplo ilustrativo es la comparación entre dos tipos de inversión: por un lado, la propuesta de construcción de un tren con un costo estimado de 4,500 millones de dólares, una obra de alta visibilidad pero bajo impacto en empleo inmediato; por otro, la reactivación de aproximadamente 250,000 hectáreas de proyectos de irrigación paralizados, que generarían aproximadamente un millón de empleos directos e indirectos, además de producción alimentaria y divisas. La preferencia por el primero sobre el segundo ilustra una lógica de asignación que no responde a criterios de máximo impacto social.
Málaga ha planteado adicionalmente la hipótesis de que los funcionarios políticos tienden a no ejecutar grandes obras de infraestructura a menos que puedan obtener un beneficio económico personal —referido coloquialmente como "coima"—. Si esta hipótesis es correcta, explicaría la preferencia por proyectos de gran envergadura y alta opacidad presupuestaria sobre intervenciones de menor escala pero mayor impacto distributivo.
La corrupción opera, en este marco, no solo como un drenaje de recursos, sino como un distorsionador de las prioridades de inversión pública. El resultado es un Estado que gasta, pero no necesariamente en lo que más necesita la mayoría de su población.
Parodi ha señalado que, a pesar del crecimiento registrado en el PBI, indicadores clave como la calidad educativa, el acceso a salud y la seguridad ciudadana no han mejorado proporcionalmente. Perú ocupa, en este contexto, el puesto 11 a nivel mundial en índices de criminalidad, lo que evidencia que la estabilidad fiscal no genera por sí sola condiciones de vida dignas.
El contraste entre la remuneración de la clase política y las condiciones de vida de la ciudadanía es señalado por los expertos como un indicador simbólico de la desconexión institucional. Un congresista percibe aproximadamente S/ 30,000 mensuales entre sueldo y bonos, mientras ciudadanos adultos mayores generan ingresos vendiendo productos en la vía pública. Esta desigualdad no es únicamente económica: es una expresión de la jerarquía de prioridades que estructura el sistema político.
La evidencia presentada permite articular un modelo explicativo de la paradoja peruana que integra cuatro dimensiones:
Primera dimensión — Financiamiento regresivo: El Estado se financia mayoritariamente a través de impuestos al consumo que recaen proporcionalmente más sobre los hogares de menores ingresos. El ciudadano pobre financia, mediante cada compra cotidiana, la solidez fiscal del Estado.
Segunda dimensión — Acumulación sin redistribución: Los ingresos tributarios se traducen en reservas internacionales, estabilidad cambiaria y credibilidad financiera, pero no en inversión proporcional en servicios básicos, salud, educación o empleo productivo.
Tercera dimensión — Gestión política ineficiente y corrupta: La asignación del gasto público responde, según los especialistas citados, a lógicas de beneficio político o económico privado antes que a criterios de máximo impacto social, lo que produce una distribución del gasto desconectada de las necesidades prioritarias de la población.
Cuarta dimensión — Trampa estructural: El crecimiento económico insuficiente, combinado con la ausencia de reformas estructurales en educación, salud y mercado laboral, genera un ciclo en el que la pobreza se reproduce intergeneracionalmente, especialmente a través del impacto sobre la primera infancia.
El análisis presentado confirma que la crisis social peruana no es producto de la escasez de recursos públicos, sino de una falla estructural en la gestión política de esos recursos. El Perú de 2026 es un Estado financieramente sólido, sostenido por el esfuerzo tributario de una población que incluye a millones de personas en condición de pobreza, pero cuyo modelo de gasto no devuelve ese esfuerzo en forma de bienestar generalizado.
La paradoja peruana constituye un caso de estudio relevante para la economía política del desarrollo: demuestra que la estabilidad macroeconómica es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo humano, y que sin instituciones políticas capaces de traducir la recaudación en inversión social eficiente, el crecimiento puede coexistir indefinidamente con la pobreza masiva.
La resolución de esta paradoja requiere no solo reformas técnicas en la gestión presupuestaria, sino transformaciones más profundas en la arquitectura institucional del Estado peruano: mecanismos de control de la corrupción, reorientación de las prioridades de inversión hacia sectores de alto impacto en empleo y alimentación, y una política fiscal que acompañe la redistribución con la recaudación.
Acemoglu, D., y Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Publishers.
Gill, I., y Kharas, H. (2007). An East Asian renaissance: Ideas for economic growth. The World Bank.
Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (2025). Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. MEF.
Musgrave, R. A., y Musgrave, P. B. (1992). Hacienda pública teórica y aplicada (5.ª ed.). McGraw-Hill.
Shonkoff, J. P., y Phillips, D. A. (Eds.). (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. National Academy Press.